(Un poco tarde pero mejor comemorarlo igual)

El 30 de diciembre del 2006, se cumplió el Décimo Aniversario de la exitosa operación “Vuelo de Justicia”; acción político-militar impecable que además de sorprender a todo el mundo y cumplir limpiamente el objetivo de liberar a nuestros hermanos recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, fue un duro golpe a quienes bregaban por un Frente disminuido y sin iniciativa, y sobre todo un estímulo y un ejemplo de cómo se pueden vencer los obstáculos si se tienen propósitos nobles y justos, si se tiene confianza en las capacidades propias, si se cuenta con la decisión de luchar y vencer.

Lograr la libertad de los presos rodriguistas por la vía de una acción operativo-militar de carácter urbana como la que se realizó, más allá de los aspectos técnicos-militares y simbólicos de los cuales se ha escrito más de una vez, dejó de manifiesto que la lucha por la libertad debe ser acompañada de un debate político e ideológico que confronte la prisión política superando las concepciones legalistas y reformistas que han reducido esta lucha a un problema de familiares, que incluso desconoce la opción revolucionaria del detenido y su militancia en función de conseguir uno que otro beneficio jurídico o humanitario. La lucha por la libertad es un derecho inalienable, un deber, un proceso que se construye tanto mejorando las condiciones de los compañeros detenidos, como fortaleciendo la esperanza de salir o liberarlos para seguir luchando, poniendo en tela de juicio la propia legalidad que los mantiene en la cárcel políticamente.

A 10 años de esta operación, ¿qué podemos refrendar nosotros para seguir la lucha por la libertad?:

En primer lugar, hay que continuar la denuncia y la lucha integral contra las leyes y aparatos que originan la prisión política. Las leyes antiterrorista, de Seguridad Interior del Estado y de control de armas, que forman parte de un aparataje contrainsurgente y represivo que aún siguen vigentes y operando en Chile y el mundo. Amparado en una institucionalidad que busca la protección y perpetuidad en el poder de los grupos económicos capitalistas y de las clases dominantes que utilizan al Estado para mantener sus privilegios y dominación tanto del pueblo chileno como de la nación mapuche en nuestro caso.

En segundo lugar, el rol insustituible de la organización revolucionaria reivindicando, difundiendo y sobre todo fortaleciendo el proyecto o los objetivos políticos de la lucha, pues estos prisioneros o rehenes del sistema son parte de este proceso, y en la medida que hayan avances en ello hay avances en su situación puntual, entendiendo que un cuadro revolucionario está conciente de los costos por el rol que le toca cumplir, sea en Chile o en otro lugar del planeta (internacionalismo). No hay que caer en la victimización, debemos hacer una defensa política de todos los presos por luchar, solo así es posible abrir espacios legítimos y necesarios para conseguir resultados favorables a la liberación o el mejoramiento de condiciones, la preservación de su integridad física y síquica, e impedir que el aislamiento y criminalización sean profundizados para aumentar los castigos, la venganza del sistema, ya que los captores tienen las leyes a su favor y juegan con esto.

Claramente la prisión política como las leyes que la amparan siguen operando en nuestra región a pesar del surgimiento de “gobiernos progresistas”, tal como lo viven en el país chilenos y mapuche, lo mismo que en otras latitudes hermanos recluidos en el cumplimiento de labores internacionalistas, compatriotas por los cuales hay que seguir bregando, haciendo la defensa política y las gestiones por su libertad y mejores condiciones de encierro. Nos referimos a Jaime Castillo Petruzzi, Marcela González Astudillo y María Concepción Pincheira Sáez, presos en el Perú. Lo mismo que Marco Rodriguez Ortega, Alfredo Canales Moreno y Mauricio Hernández Norambuena (Ramiro), quien concibió la libertad alcanzada el año 1996 en el “Vuelo de Justicia”, como una nueva oportunidad para seguir luchando por la causa revolucionaria.

Respeto a los derechos básicos que todo prisionero político debe tener en tiempo de guerra o de paz, en el caso de Ramiro por ejemplo han sido sistemáticamente violados por el Estado Brasileño, sometiéndolo arbitrariamente a condiciones de encierro y aislamiento inhumanos, con un ensañamiento que pone en riesgo su integridad física. Tenemos el derecho e incluso la autoridad moral para hacer esta denuncia, ya que como bien dijo Mauricio en una entrevista posterior a su detención “... Jamás cometemos abusos o humillaciones contra un secuestrado, prueba de eso es que todos los rehenes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron siempre liberados sanos y salvo. Me refiero a los tres militares, al periodista, y el empresario que el Frente secuestró durante su historia, todos con finalidades políticas, inclusive los militares que eran nuestros enemigos directos fueron tratados con respeto y dignidad”.

Esta preocupación no existe en las cárceles brasileñas, ya que prácticamente por 5 años Mauricio ha sido sometido sin provocación alguna al más severo y cruel régimen penitenciario, que hasta el pasado mes de noviembre era el llamado Régimen Disciplinario Diferenciado (RDD). Posteriormente es trasladado a la cárcel de Avaré, donde supuestamente tendría un régimen disciplinario normal. Sin embargo una vez más se tiene un trato especialmente duro, aplicándole el denominado Régimen de Contención, que nuevamente lo mantiene en un aislamiento total, sin contacto alguno con otras personas, no como debería corresponder a un Régimen de Convivencia, el que se aplica en Brasil a todos los presos de una mismas condición. Esto no hace más que agravar las ya precarias condiciones de encierro y alimentación que han deteriorado su salud.

Estos abusos son propios de la prisión política en este continente, incluyendo las cárceles del imperio (caso Guantánamo, los 5 presos cubanos en EE.UU y la de los dirigentes guerrilleros colombianos secuestrados en el último tiempo), que es una consecuencia más de la lucha decidida contra la explotación y la dependencia de nuestros pueblos. En todo caso la solidaridad militante con los prisioneros políticos de Chile y el Mundo no sería completa si la denuncia y la lucha por derechos básicos de los presos no es acompañada por la construcción y convergencia de las organizaciones revolucionarias a escala nacional y continental, ello es un paso necesario y parte de la ofensiva por la libertad, por lo mismo el FPMR tanto dentro como fuera del país seguirá trabajando, buscando transformar los actuales y pasados sacrificios en vida y libertad, en semillas de dignidad y futuro como siempre lo ha hecho a largo de su historia.